Iniciativas Sociolaborales y Leyes de Integración Social
Uno de nuestros objetivos principales es conseguir inserciones y consolidar los puestos de trabajo de las personas con discapacidad en el medio rural, por ser uno de los colectivos con mayores dificultades de acceso en el mercado laboral. Para ello, llevamos a cabo diferentes acciones y programas.
Apoyo en el empleo y empleo personalizado
Para consolidar los puestos de trabajo y garantizar la eficacia en las tareas.
Programas formativos
Para mejorar y capacitar a las personas, mejorando su empleabilidad y creando más oportunidades.
Leyes de Integración Social
La integración social de las personas con discapacidad es un derecho constitucional y, corresponde a los poderes públicos llevar a cabo políticas que eliminen las barreras que la impiden o dificultan. La incorporación al mercado laboral de este colectivo es un factor destacado para conseguir su plena integración.
Por lo que la normativa vigente, ha establecido una serie de obligaciones para fomentar y conseguir la inserción laboral de las personas con discapacidad.
Cuota de reserva y medidas alternativas
Es posible cumplir la ley, gracias a una serie de medidas alternativas vigentes en la actual Ley General de Discapacidad (antigua LISMI):
Contratar un Centro Especial de Empleo para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa (por ejemplo; servicios de limpieza, mantenimiento de jardines, zonas verdes, etc.).
Las Administraciones Públicas podrán crear Licitaciones públicas o “Contratos reservados” dirigidos a CEE.
- Cuota de reserva: Las empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores que exceda de 50 estarán obligadas a emplear un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%, salvo convenio colectivo o voluntad del empresario, siempre que se apliquen medidas alternativas.
- Contratos reservados: La Administración pública deberá reservar el 7% de las plazas de convocatorias a discapacitados según lo establecido en el Real Decreto-Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y Ley 30/1984 de la Función Pública.
Castilla y León a través del Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de CyL, aprueba directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública y establece un porcentaje de reserva del 6,5% del importe que tenga en sus presupuestos municipales destinados a contratación
Normativa.
De 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
De 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
De 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.
De 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.